El 13 de junio de 1971 el periódico The New York Times comenzó a publicar algunos extractos de un extensísimo informe clasificado por el Departamento de Defensa (varios miles de páginas), encargado por el ex secretario Robert McNamara con fines internos y académicos (a priori). El informe, que con el tiempo sería conocido como “los papeles (o archivos) del Pentágono”, contenía un relato histórico muy detallado sobre la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre 1945 y 1967, demostrando que varias Administraciones (de Harry Truman a Lyndon B. Johnson), habían mentido al pueblo estadounidense al ocultar las intenciones de intervenir en dicho territorio de Indochina y, además, al declarar sistemáticamente, desde que los “observadores” de la época de Kennedy se convirtieron en soldados enviados a combatir con Johnson en el poder, unos progresos que distaban de ser reales; en pocas palabras, que la guerra estaba perdida, se luchó más bien para evitar una humillación y la consecuencia fue que se sacrificaron decenas de miles de vidas de soldados americanos, además de, por supuesto, las de los combatientes vietnamitas (de ambos países) y centenares de miles de civiles (cuando no millones), en un conflicto que Estados Unidos nunca pudo ganar. La Administración Nixon, que tenía sus propios planes para acabar con una guerra que se había prometido terminar tres años antes (y que vio, en cambio, como se extendió a países como Laos y Camboya hasta 1973), contratacó acudiendo a los tribunales federales para bloquear la publicación de más extractos del informe. Un tribunal federal ordenó el cese de las publicaciones, pero otro juez federal anuló dicha orden, y el Times recurrió al Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, el discreto periódico The Washington Post, propiedad de la familia Graham, inició el 18 de junio su propia publicación de extractos del informe; el Gobierno emprendió una demanda que un juez federal que rechazó la pretensión de Nixon y sus abogados de impedir la publicación del Post. El Gobierno recurrió también al Tribunal Supremo, que convocó a ambos medios en una sesión el 26 de junio. Los periodistas apelaron a la defensa de la Primera Enmienda (que garantizaba la libertad de expresión y de prensa); el Gobierno, a la seguridad nacional.
